Por Carmen Sesin y Bracey Harris – NBC News
Procedían de Cuba, Venezuela y Haití. Las mujeres que visitaron una clínica de abortos de propiedad familiar en un centro comercial de Hialeah esta semana reflejaban la diversa población de inmigrantes que consideran el condado de Miami-Dade como su hogar.
Al igual que las mujeres de todo el estado, se enfrentaron el miércoles a una nueva realidad: la prohibición del aborto, con pocas excepciones, después de las seis semanas de gestación.
El martes, un día antes de que la prohibición entrara en vigor, un cartel wn la entrada de Hialeah Woman’s Care Center y otro en una pared rosa de la sala de espera de la clínica, advertían a las pacientes del cambio. La pequeña clínica estaba abarrotada, con mujeres acudiendo todo el día, ansiosas por ser atendidas. A algunas pacientes se les pidió que regresaran al día siguiente porque el estado exige un período de espera de 24 horas para los abortos.
Aproximadamente tres cuartas partes de la población de Hialeah, una ciudad ubicada a 11 millas al noroeste del centro de Miami, provienen del extranjero. Las calles comerciales están repletas de pequeñas tiendas y los vendedores de fruta ocupan muchas esquinas.
Algunas de las pacientes del martes eran inmigrantes procedentes de Cuba, donde el aborto es legal y ampliamente accesible. Otras, como una enfermera de 36 años que emigró de Haití, eran originarias de países donde el aborto está ampliamente prohibido.
“Ni siquiera sabía que se había aprobado una ley”, declaró la enfermera, madre de dos hijos, que visitó la clínica con su esposo y no quiso dar su nombre para proteger su privacidad en temas de salud. “Si no hubiera llegado a tiempo, no tendría más remedio que tener el bebé”.
El miércoles, esa posibilidad parecía mucho mayor a medida que algunos pacientes llegaban a la clínica, sin saber si había sido a tiempo.
Las mujeres de toda Florida enfrentan a la nueva prohibición, pero los defensores del derecho al aborto afirman que las inmigrantes del estado y de este condado –que tiene la mayor proporción de residentes nacidos en el extranjero del país, según los datos del Censo– sentirán el impacto de forma más intensa. Por ejemplo, podrían enfrentarse a barreras lingüísticas o tener trabajos que no les provean tiempo libre pagado. Para las que carecen de documentación legal, los obstáculos son aún mucho mayores.
“Los inmigrantes indocumentados ya caminan por la cuerda floja”, afirmó Suma Setty, analista política del Centro de Derecho y Política Social, quien ha defendido el derecho de los inmigrantes al aborto.
“Básicamente, se está estrechando aún más la cuerda floja”, comentó sobre la prohibición de seis semanas de Florida. “Y no existe una malla de seguridad”.
E.H., una inmigrante cubana de 28 años que vive en Jacksonville con su esposo y sus dos hijos, viajó unas seis horas hasta Hialeah porque conocía la clínica. Declaró el miércoles que desconocía la prohibición del aborto hasta que habló con NBC News.
Explicó por qué quería abortar. “No es justo estar obligada a traer niños al mundo si no puedes cuidarlos adecuadamente”, afirmó.
Una ecografía confirmó que estaba embarazada de unas seis semanas y confiaba en poder someterse a la intervención. Si hubiera acudido una semana más tarde, se habría visto obligada a viajar fuera del estado.
Antes del miércoles, el estado prohibía la mayoría de los abortos después de las 15 semanas en virtud de una ley promulgada en 2022. Debido a que el nuevo límite traza la línea antes de que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas, las que buscan tener el procedimiento pueden enfrentarse a viajar cientos de millas a través de las fronteras estatales a clínicas en Carolina del Norte y Virginia.
En un proceso ya de por sí plagado de confusión, los defensores del derecho al aborto afirman que el viaje puede resultar especialmente desalentador para las inmigrantes. Incluso comodidades básicas como personal en la recepción que hable español, criollo (creole) o francés o señalizaciones en diferentes idiomas, pueden ser me nos frecuentes fuera de la región, indicaron.
“Soy estadounidense de primera generación y he visto a muchos miembros de mi propia familia luchar por acceder a atención de salud y sortear todas las barreras, y eso fue antes de que se criminalizara la atención médica en todo el país”, explica Lana’e Hernández, asesora de pacientes de Planned Parenthood of Southwest and Central Florida.
“Cuando estas pacientes tienen que viajar, sólo eso convierte [la misión] en 10 veces más difícil para ellos”.
Para los inmigrantes en Florida que carecen de documentación legal, la mayoría de los cuales proceden de Centroamérica y Suramérica, el temor a ser expuestos añade otro reto, sobre todo a raíz de una ley de inmigración de gran alcance promulgada el año pasado que requiere que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten a los pacientes por su estatus migratorio, entre otras disposiciones, lo que hace que algunas personas sean reacias a buscar incluso atención médica de rutina.
Stephanie Loraine Piñeiro, directora ejecutiva de Florida Access Network, que ayuda a las pacientes a pagar abortos y viajar para someterse al procedimiento, dijo que algunas personas podrían estar sujetas a vigilancia electrónica debido a su estatus y no poder salir del estado.
“La gente tiene miedo a viajar”, declaró. “Tienen miedo a ir al hospital. Así que todo lo que podemos hacer es animarlos a buscar apoyo para ver si hay una manera de encontrar acceso a la atención médica.”
Tras la revocación de Roe contra Wade en 2022, Florida era uno de los pocos estados del Sur sin una prohibición total o casi total del aborto. Más de 9,300 personas viajaron a Florida desde otros estados para someterse al procedimiento el año pasado, de acuerdo con el Instituto Guttmacher.
Los partidarios de la prohibición de las seis semanas han promocionado los planes del estado de gastar 25 millones de dólares en la Red de Atención al Embarazo de Florida, una alianza estatal que incluye centros de crisis del embarazo, cuyo objetivo es disuadir a las clientas de realizarse abortar.
[Médicos de Florida están “rezando”. Dicen que prohibir el aborto desde la sexta semana “es mortal”]
Aunque el Gobierno de Biden ha intentado restringir la financiación federal de estos centros, muchos estados que están haciendo retroceder el derecho al aborto los han incluido en sus planes tras la anulación de Roe.
Fuera de la clínica de Hialeah el miércoles, un pequeño grupo de mujeres del grupo antiaborto Sidewalk Advocates for Life se encontraban repartiendo bolsas rojas que contenían folletos con información sobre centros de crisis de embarazo, así como esmalte de uñas, crema y perfume.
“Siempre hay recursos”, afirmó Kelly Tarazona, coordinadora metropolitana del grupo para Miami y Fort Lauderdale. “El aborto no es la única opción”.
Amplió que los centros de embarazo podrían ofrecer más que un aborto. Ayudarían a una mujer a encontrar un refugio, por ejemplo, y un trabajo si fuera necesario.
Mientras los defensores de la prohibición celebraban el miércoles, los partidarios del derecho al aborto se preparan para llamar a las puertas en Hialeah en las próximas semanas y dar a conocer la prohibición antes de un referéndum este otoño, que enmendaría la Constitución estatal para proteger el derecho al aborto.
“No nos vamos a rendir en Florida”, subrayó Charo Valero, directora estatal en Florida del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva. “Estamos contraatacando”.
